Existencialismo, aborto y libertad

Fernando López Luengos
Doctor en Filosofía, vicepresidente de la Asociación de Profesores Educación y Persona

Ser hombre –vivir humanamente– significa aventurarse en la búsqueda del sentido de la existencia. Pero ésta no es una aventura exenta de riesgos: si bien esa llamada es experimentada en lo más íntimo, ésta misma intimidad posibilita al mismo tiempo el fracaso en lo que buscamos. A esta experiencia trágica de fracaso se la llama desesperación y es una posibilidad real siempre presente, pues es el precio de la libertad: el sentido depende tanto de las condiciones de la realidad como de nuestra actitud hacia ella.
Pero una cosa es el fracaso existencial de una persona y otra muy diferente es la pretensión de legitimar jurídicamente este fracaso. Esto es lo que ocurre cuando el legislador se arroga la potestad de legalizar la eutanasia, el aborto, o la formación de la conciencia moral de los menores con Educación para la ciudadanía. Que algunos políticos tengan el convencimiento de que la vida no tiene sentido trascendente, que hayan fracasado en encontrar una respuesta coherente después del hundimiento del marxismo, no les legitima ni moral ni jurídicamente para imponer a los demás esta “convicción”. La sociedad plural que propone nuestra Constitución reconoce el derecho a que cada uno pueda tener sus propias convicciones aunque éstas sean escépticas… pero no a imponerlas a los demás. Y se vulnera la libertad de conciencia cuando se pretende fundar los derechos en el fracaso existencial de las personas pues esto es una proclamación confesional del absurdo de la vida. Sin embargo, como dice Viktor Frankl (psiquiatra vienés que sobrevivió a un campo de concentración) incluso en las peores circunstancias el hombre es capaz de encontrar un sentido por el que vivir y trascender esa situación transformándola.



Esto es, cabalmente, lo contrario de lo que predica nuestra cultura de muerte cuando intenta justificar el suicidio asistido (mal llamado eutanasia) como forma legal y social de imponer la convicción de que la vida no merece la pena ser vivida: mientras todo va bien –nos invitan a pensar– la vida se puede soportar, pero cuando las cosas van mal… ¿para qué vivir? Por eso debemos lograr “nuevos derechos” (¡y ya tiene “delito” llamar “derecho” a un suicidio!). También se legisla el infanticidio o feticidio asistido (mal llamado interrupción del embarazo) aplastando a golpe de ley uno de los impulsos más profundos de nuestra naturaleza: el instinto maternal. La desesperación de una mujer en apuros se ratifica legalmente (!) asesinando al hijo de sus entrañas pues no hay mayor monstruosidad que una madre que no sienta a su hijo como suyo. No es casual que en las clínicas abortivas no se deje a las mujeres ver la ecografía de su hijo. El cinismo del legislador se infla de soberbia cuando afirma “ninguna madre desea abortar por capricho, por eso hay que legalizar una situación tan dramática no deseada”. Y este cinismo se torna burla obscena cuando invoca a la propia conciencia para votar a favor de la legitimación de este infanticidio con la pretensión de simultanear tamaña aberración con la supuesta identidad cristiana. Semejante matrimonio de conveniencia solo puede hacerlo el rey del maquiavelismo, el manchego Sr. Bono.
Pero esta cultura de la desesperación tiene todavía una vuelta de tuerca más hacia la nada: se intenta legislar un sistema educativo que pretende sustituir ese vacío ético consecuencia de la desesperación moral, con un sistema de valores éticos que han de ser decididos por consenso. Esto es lo que en Ética llamamos relativismo moral y constituye el fundamento esencial del proyecto ideológico del gobierno con Educación para la ciudadanía. Se trata, en definitiva de demoler la posibilidad de una ética natural (que es la que intenta descubrir el bien en la naturaleza de las cosas).
La rabia con la que se ha intentado imponer en el sistema educativo el relativismo como única moral admisible es proporcional a la sinrazón de legitimar la muerte del no nacido invocando el derecho de una mujer desesperada, y proporcional también al intento de justificación de un suicida depresivo. Legislar estos supuestos es convocar a los médicos a aprender el “arte” de matar, a los psiquiatras el “arte” de desasistir a los depresivos y a los docentes el “arte” de adoctrinar ideológicamente. Estos esperpentos solo son posibles cuando la legislación de una nación está en manos de unos fracasados existenciales. Y la alternativa solo puede ser el coraje coherente de los profesionales que nos neguemos en conciencia a colaborar con estos atentados a la dignidad humana.


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